Este año, tres mil quinientos y pico millones de pesos, es decir, la cuarta parte del muy exiguo presupuesto destinado a Cultura, irá a parar, si no hay novedades, al llamado Proyecto Chapultepec, encabezado por Gabriel Orozco. ¿Es una idea viable, necesaria? Difícil decirlo a estas alturas: esperemos a que se nos presente un proyecto detallado. Pero, disculparán el escepticismo, las probabilidades de que se convierta en un, otro, tiradero de lana, son altas.

¿Por qué el escepticismo? No por lo tocante a lo que ha dicho Orozco que contempla hacer en área gigantesca. No en principio, al menos: puede no estar mal darle un subidón a Chapultepec y sus cercanías con una remozada a la infraestructura cultural, con mejores vías de comunicación, con proyectos de reforestación, etc. Esperemos, pues, una explicación detallada y confiemos en que la tenacidad y la creatividad del líder del proyecto sean suficientes.

El Estado mexicano y sus instituciones encargadas del manejo y gestión del agua, principalmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), han sido duramente señaladas de otorgar las concesiones de una manera centralizada, poco transparente y de favorecer a ciertos grupos.

Sin embargo, la realidad parece distinta. En su último informe, el organismo que comanda Germán Martínez Santoyo, señala que en México hay 87 mil 847 millones de metros cúbicos de agua, mismos que van destinados a 4 principales rubros que son: abastecimiento público, energía eléctrica (excluyendo hidroelectricidad), la Industria autoabastecida y el sector agrícola.

Es este último, es el campo el que acapara la mayor parte del agua concesionada, ocupando hasta el 76%, es decir, 66.8 mil millones de metros cúbicos, del total del líquido que CONAGUA distribuye. La mayor parte es para los sistemas de riego con los que cuenta México y que, aunque usted no lo crea, son de los más sofisticados en el mundo.

En días pasados la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que acabó con la corrupción inmobiliaria. Lo anterior, por la demolición del edificio de oficinas ubicado en Periférico Sur 3042, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El derribamiento del inmueble, según el gobierno de la ciudad, durará 60 días y tendrá un costo de 30 millones de pesos, gastos que correrán a cargo del desarrollador que lo edificó.

Efectivamente, es un monumento a la corrupción, es un edificio de 11 niveles bajo tierra y 18 sobre la banqueta, cuya construcción alcanzó 70% de avance antes de ser suspendida por ubicarse en suelo de conservación.

Cómo es posible que se haya permitido la construcción de este, aun cuando no cumplía con los requerimientos de la materia. La respuesta: corrupción.

El desarrollador del proyecto, Asjufi Consultores Inmobiliarios, S.A. de C.V., construyó sin autorización, invadió una zona federal e ignoró la negativa en materia ambiental al construir sobre un cuerpo de agua, la presa Anzaldo.

El hecho de que el gobierno de la CDMX haya decidido prohibir la comercialización, distribución y entrega de los plásticos de un solo uso desde hace poco más de un año, sin antes medir impactos, generar una Norma, regular y finalmente prohibir, si es que es el caso, provoca hoy que haya bolsas de este material que se ostenten como “compostables” cuando no lo son.

Le explico, recientemente salió a la luz que, en Santo Domingo, en el Centro Histórico, algunos comercializadores de bolsas acuden con los locatarios de la zona para que se les coloquen los sellos con las leyendas “100% biodegradable” o “100% reciclable” a sus productos, para así poderlos manejar como ecológicos en el mercado.

En este sentido, incumplen con las estipulaciones emitidas por la Sedema, de Marina Robles, ya que hace poco dicha dependencia publicó el Proyecto de Norma Ambiental para la capital del país, PROY-NACDMX-010-AMBT-2019, especificaciones técnicas que deben cumplir los productos plásticos de un solo uso compostables y/o reutilizables.